El desafío estructural de la política fiscal

Rodrigo Aravena

Es usual que en esta parte del año exista un intenso debate relacionado con el presupuesto fiscal. Esta vez no ha sido la excepción, sobre todo luego de conocer la expansión del gasto de 3,9% anunciada por el gobierno. Si bien esta cifra representa una política fiscal más expansiva de la esperada, la discusión debiera ir mucho más allá de la cifra en sí. Considerando la evolución del escenario macro y fiscal durante los últimos años, hay razones suficientes para ir más allá, sobre todo en lo que respecta a elementos estructurales, como la regla fiscal y la necesidad de realizar esfuerzos adicionales de consolidación fiscal.

Para ello es fundamental entender el punto de partida. ¿Qué representa, realmente, el anuncio de un gasto que crece 3,9% el próximo año? En pocas palabras, refleja una continuidad en las directrices de la política fiscal. Esta cifra es consistente, nuevamente, con una reducción del balance estructural en 0,25 puntos del PIB, internaliza los cambios en los parámetros estructurales solo para el futuro (sin los ajustes de años previos) y arroja un déficit fiscal que nuevamente incrementará la deuda fiscal, tanto bruta como neta. Más allá de que si uno está o no de acuerdo, lo concreto es que el resultado es muy similar al visto por años.

Sin embargo, creo que es necesario detenerse un segundo y hacer una pregunta mucho más de fondo. ¿Qué tan justificable es que la política fiscal se siga realizando de la misma manera? Me parece que hay razones de sobra para poner sobre la mesa este tema, principalmente las siguientes dos:

La primera es que los resultados fiscales no han sido los deseados. Uno de los principales beneficios esperables de contar con una regla es tener una política fiscal que no exacerbe ciclos y estabilice la deuda en el largo plazo. Esto es muy positivo, especialmente en un país como Chile, donde la preponderancia del cobre genera una fuente de volatilidad muy relevante en el balance fiscal. Sin embargo, la persistencia del déficit fiscal tanto efectivo como estructural y, por ende, la tendencia creciente en el nivel de deuda, ha dejado en evidencia resultados que están lejos de los deseados. Este argumento en sí justifica una revisión profunda del diseño y la implementación de la regla fiscal.

Un segundo elemento, en alguna medida muy relacionado con el anterior, es el espacio para adaptar las directrices fiscales en función de la información recibida, sobre todo este año. Entre otras cosas, se determinó un PIB tendencial que es el más bajo desde los años 80 (excluyendo la caída transitoria del 2010) y hubo un recorte en la clasificación crediticia soberana. No podemos perder de vista que cuando se fijó la reducción del déficit estructural de 0,25 puntos por año, existía un objetivo implícito de alcanzar un déficit cercano al 1,0% al término de este gobierno, por debajo del 1,7% que eventualmente alcanzaríamos al cierre del presente ejercicio. Este argumento es aún más robusto al considerar que uno de los elementos que conseguía la reforma tributaria, y que fue planteado en 2014, fue justamente converger a un equilibrio fiscal, lo cual ha estado muy lejos de ser alcanzado.

Simplemente tenemos que reconocer que existe un cambio de escenario, lo que debería llevarnos a adaptar la política fiscal a esta nueva situación. Está documentado que la persistencia de una política fiscal altamente expansiva por mucho tiempo genera efectos indeseados en los niveles de deuda, además de una serie de distorsiones en precios clave, como el tipo de cambio y las tasas de interés, que a la larga impactan negativamente el crecimiento y el bienestar. Chile aún tiene niveles de deuda bajos, lo cual sugiere que estamos a tiempo de realizar ajustes sin que resulten dolorosos para el país, con innumerables beneficios en el largo plazo.

Quisiera finalizar reforzando una idea: más allá de las herramientas y mecanismos específicos a utilizar, es innegable la necesidad de limitar el espacio de crecimiento del gasto en el futuro. No podemos pedir a la política fiscal que contribuya al crecimiento, lo cual genera la necesidad de prestar más atención a determinantes de largo plazo, como la productividad y la inversión. En otras palabras, el desafío es crecer sin gasto.